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La justicia gallega obliga al Estado a devolver parte de la paga extra de Navidad a un funcionario

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El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha resuelto que el Estado debe devolver la parte proporcional ya devengada de la paga extra de Navidad a un funcionario. Es la primera que un tribunal de una comunidad autónoma declara la inconstitucionalidad del Real Decreto 20/2012 por el que anulan las nóminas extra a los trabajadores públicos.
Una sentencia dictada por un tribunal de autonómico se suma por primera vez a la jurisprudencia de juzgados de lo contencioso administrativo en declarar la posible ilegalidad del real decreto emitido el año pasado por el Gobierno que anulaba la extra de los funcionarios y empleados públicos.

Hasta ahora había autos similares de los juzgados de lo contencioso-administrativo (unipersonales) o de lo social (laborales) provinciales. La sentencia 794/2013, de 13 de noviembre, refuerza el criterio de inconstitucionalidad de la irretroactividad de la norma promulgada. El TSJ de la Xunta ha resuelto que el Estado devuelva una cuarta parte de la paga extra devengada a un funcionario, adelantaba la semana pasada La Voz de Galicia.

 

El auto, que recoge en su blog Antonio Arias, de la Sindicatura de Cuentas de Asturias, atiende el recurso interpuesto contra la nómina de un funcionario en diciembre de 2012, ante la "falta de abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre, correspondiente al período comprendido entre el 1 de Junio y el 14 de julio de 2012".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Galicia considera que "el recurrente habría generado (...) un total de 1 mes y 14 días, con la consiguiente consolidación del derecho al percibo de la paga extra correspondiente a dicho periodo y reconoce el derecho del recurrente a percibir la cantidad de 570,08 euros con los intereses legales correspondientes hasta que se abone.
La sentencia, que aún no es firme, concluye que la paga "ya se había devengado paulatinamente en el momento de entrar en vigor el Real Decreto-Ley 20/2012 con su acumulación día a día bajo la única norma entonces vigente, "pues forma parte de la esfera de derechos económicos de los funcionarios, pendiente únicamente de su ulterior abono".

Seguridad jurídica e irretroactividad
El demandante, el funcionario A. G. Q, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, basó su demanda en el el artículo 9.3 de la Constitución que impide "privar al funcionario de la parte proporcional ya devengada correspondiente al mes de junio y los primeros catorce primeros días de julio".
El tribunal ha primado "el principio de seguridad jurídica (art.9.3 CE) y la irretroactividad de normas restrictivas de derechos individuales (art.9.3 CE), en la que ha incluido la naturaleza del derecho a la percepción de las remuneraciones por el trabajo efectivamente prestado".
Para el TSXG "Este derecho a percibir la contraprestación por la labor profesional, podemos caracterizarlo como un derecho individual constitucionalmente cualificado (...) dentro del derecho al trabajo (art.35.1 CE) y del derecho a la igualdad ante las cargas públicas (art.31.1) (....)".
La Sentencia recuerda también el principio comunitario de confianza legítima (STJCE 21-9-1983) que "forma parte de los principios fundamentales de la Unión (STJCE 5-5-1981 o STJUE del 24-3-2011) y se impone a la Administración por la fuerza del art. 3.1 de la propia Ley 30/1992 al interpretar los derechos fundamentales y libertades públicas (art.10 CE)".

Los argumentos del Constitucional
La justicia gallega también fundamenta su sentencia en la jurisprudencia del Tribunal Contitucional (TC). En concreto, cita la sentencia del 150/90, aplicable al caso retributivo: "el principio de seguridad jurídica (...) protege (...) la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente, frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles".
Otra de las alusiones al TC está la sentencia de 8-11-2011 que declara la inconstitucionalidad de norma fiscal retroactiva: "No está justificado en el interés general el sacrificio de la parte de retribución en concepto de paga extraordinaria generada antes de la publicación de la Ley".
"El Decreto-Ley calla sobre las razones que pueden llevarle a esa retroactividad (...). Consideramos que estamos ante el sacrificio de un derecho individual cualificado por comprometer la seguridad jurídica a la luz de la confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad", continúa la sentencia, citando al TC.

Las diferencias entre los decretos de 2010 y 2012
La Sala diferencia el anterior Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo cuando era presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, del Decreto-Ley 20/2012 emitido siendo presidente Mariano Rajoy, y contra el que falla el auto gallego. Aduce que el primero afectaba sólo a derechos económicos "aún no devengados" por corresponder a mensualidades en las que aún no se ha prestado el servicio público y no incorporadas al patrimonio del funcionario.
Sin embargo, el segundo, promulgado para ahorrar 65.000 millones junto con la subida del IVA, la eliminación de la desgravacion por vivienda y la reducción del subsidio de desempleo, sí sería inconstitucional puesto que la referencia temporal de generación del derecho es mensual y además, el funcionario afectado ya había trabajado efectivamente cuando se le devengó: "Cabría hablar de derechos adquiridos", afirma.

Alusiones al Código Civil
Recuerda asimismo el artículo 2.3 del Código Civil, que establece que "las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusiesen lo contrario". Dado que el Real Decreto 20/2012, "pudiendo decirlo, nada dice de su aplicación retroactiva, no es aceptable una interpretación judicial extensiva de tal vigencia respecto del derecho generado en el período comprendido entre el 1 de Junio y el 14 de julio".
La sentencia cita también la naturaleza salarial de la extra de los funcionarios, que lleva "a que sean aplicables los criterios técnico-jurídicos de adquisición, devengo y abono propios del colectivo laboral".

Se remite, en este caso, a a la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 17-7-2013, la cual clarifica el devengo como el día en el que se adquiere el derecho a alguna percepción o retribución por razón del trabajo, desde el que se producen los efectos», la liquidación-momento en que se cuantifica (se concreta el pago total) la cantidad devengada a abonar que suele ser los primeros días (del día 1 al día 5) del mes cuando se realiza la nómina y el abono-momento en que se cobra lo devengado.

Sueldo por trabajar, no expectativas de salario
"Las pagas extraordinarias constituyen una manifestación del llamado salario diferido, se devengan día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses del año, y su importe debe equipararse al salario regularmente percibido por el trabajador, no constituyendo meras expectativas, por lo que los trabajadores, demandantes, tienen derecho a su percepción".
El TSJ de Galicia argumenta, además, que un mismo concepto retributivo (paga extraordinaria) no puede ser a la vez fraccionable y no fraccionable para un mismo legislador y aplicarse proporcionalmente en caso de licencias, ausencia injustificada, huelga o sanción disciplinaria y sin criterio proporcionalidad a la hora de suprimirlo.
"Se impone un principio de coherencia y armonía del grupo normativo regulador del régimen retributivo, especialmente si tenemos presente que un Decreto-Ley por su naturaleza excepcional no tiene por misión innovar conceptos generales o estructurales de la función pública sino utilizar instrumentalmente la referencia a los conceptos fijados por leyes ordinarias y estables".

Volver sobre su pasos
La sentencia se une a los diversos pronunciamientos jurisprudenciales que han estimado demandas similares sin plantearse cuestiones de inconstitucionalidad, como la dictada por los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo de Palencia de 29-5-2013, la de Alicante de 11-7-2013; la de de Barcelona de 26-7-2013; la de Palencia o la de de 25-9-2013 de Madrid.
En lo social, recuerda Antonio Arias, hay precedentes de los Tribunales Superiores de Justicia de de Madrid, de 14-12-2012, o la de Aragón de 11-7-2013. Esta nueva sentencia, unida a que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite al posible ilegalidad de la norma puede acelerar la decisión del Gobierno de reconsiderar la polémica medida y devolver al menos una parte de la paga suprimida.



 
 
 


 

 


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